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El Ayuntamiento renueva la firma del convenio de colaboración para la reinserción y reeducación de los menores infractores del municipio

  Notas de Prensa | BIENESTAR
09/03/2012 - El Ayuntamiento renueva la firma del convenio de colaboración para la reinserción y reeducación de los menores infractores del municipio


 Desde la puesta en marcha del programa de atención a menores y jóvenes en conflicto del Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) hace ya cuatro años, el número de menores sometidos a libertad vigilada ha disminuido en un 50%. Durante estos años de vigencia del convenio, se ha reducido el número de menores derivados con medidas judiciales, pasando de 141 a los 15 que se atienden actualmente

 La Consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañol, y el concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, han firmado esta mañana la renovación del convenio de colaboración para la reinserción y reeducación de los menores infractores de la ciudad. La rúbrica de este acuerdo permitirá que un técnico municipal atienda los casos de libertad vigilada de menores en el municipio, participando activamente con el Programa de Ejecución de Medidas judiciales en medio abierto de la Agencia del Menor Infractor. Una actuación enmarcada dentro del programa especializado de infancia y familia de la Concejalía de Bienestar, con la intención de promocionar el protagonismo de las familias en el proceso reeducativo de los menores infractores. Desde la puesta en marcha de este servicio en el municipio, a través del Centro de Atención a la Infancia y la Familia, el número de menores sometidos a libertad vigilada ha disminuido en un 50%.
 

El programa de atención a familias puesto en marcha por el CAIF de Torrejón con menores infractores continúa reduciendo el número de jóvenes con medidas judiciales. Un servicio que pretende prestar una atención especializada a menores y jóvenes de Torrejón de Ardoz sujetos a medidas judiciales en medio abierto, con especial interés a la medida judicial de Libertad Vigilada. El objetivo es facilitar a los chavales, el proceso de socialización e integración a través de una intervención socio-educativa controlada y coordinada con los recursos propios de su entorno e implicando a su familia en el desarrollo educativo del menor.

El concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, recordó que “fuimos uno de los primeros municipios tras Coslada, Parla, Humanes y Móstoles que firmamos este convenio con la Comunidad de Madrid, siendo una de las ciudades pioneras en este modelo de intervención municipal, habiéndose adscrito con posterioridad otras poblaciones de la región”. Además, el edil destacó que “durante estos años de vigencia del convenio, se ha reducido el número de menores derivados con medidas judiciales, pasando de 141 a los 15 que atendemos actualmente, lo que sin duda representa una buena noticia para el municipio y confirma que una intervención más cercana al menor y su familia, logra que éste se integre y normalice más eficazmente al poder utilizar y participar de los recursos existentes en la propia localidad”. En este sentido, añadió Rubén Martínez, “en la actualidad, el número de casos sigue cosechando los éxitos iniciales y por tanto consolidando la reducción del porcentaje de menores sometidos a una medida judicial en un 50% y, además, manteniendo la reincidencia en cifras bajas”.

Funcionamiento del programa
Si un menor del municipio comete un delito es juzgado por las autoridades competentes y si se le impone la sanción de libertad vigilada, pasa al ARRMI (Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor). A partir de ahí su caso es seguido por el técnico de Bienestar, quien primeramente accede a la información del menor. Luego se le cita en el CAIF con sus representantes legales. Habitualmente, el técnico tiene cada semana una reunión de trabajo con el menor y una vez al mes con su familia, aunque sea telefónicamente pero técnico puede llevar a cabo todas las actuaciones y entrevistas que estime oportuno. Y trimestralmente se le manda un informe al Juzgado, valorando su comportamiento. Por último, se le remite el informe final al Juzgado y si se estima oportuno el caso se deriva a Servicios Sociales. Con esta actuación se intenta reconducir al menor a través de la intervención de un profesional. 

 

 


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