El documento ratificado por el Pleno de Torrejón de Ardoz reconoce “la iniciativa del Gobierno de España al haber controlado la comercialización de las participaciones preferentes para evitar que se vuelvan a  producir estos abusos realizados en los pasados años, mediante la aprobación de la Ley 9/2012 de Resolución y Reestructuración de Entidades de Crédito del gobierno de Mariano Rajoy. Si el anterior gobierno de España hubiese supervisado esta comercialización y aprobado esta normativa no hubieran existido afectados por preferentes”. En tal sentido el alcalde, Pedro Rollán recordó que “hay que reconocerle al Gobierno de España el paso que ha dado para ayudar las personas que fueron víctimas de la comercialización de estas preferentes, dentro de los límites que impone la legislación europea, pero desde el ayuntamiento le pedimos un nuevo impulso para que los afectados recuperen el máximo importe posible de lo que han perdido”.

Por su parte, José Luis Navarro, portavoz del Gobierno local explicó que “el PSOE que fue quién consintió la estafa de las preferentes y miró para otro lado, ahora se permite criticar y viene a dar lecciones al gobierno de Mariano Rajoy que ha evitado que este abuso se vuelva a producir y está tratando de dar soluciones a los damnificados. El PSOE, alcanzando el colmo de la desfachatez, está superando todos los umbrales de demagogia y cinismo”.

El texto también insta al Gobierno de España a que incida en la defensa y protección de los afectados por las preferentes, dentro del marco que impone la legislación europea, mediante el sistema de arbitraje rápido que impulsó y con el desarrollo del recién aprobado Real Decreto-Ley “de protección a titulares de las preferentes” 6/2013 en Materia de Participaciones Preferentes y Deuda Subordinada de Entidades de Crédito en Reestructuración o Resolución. Se pide, además, la creación de una Comisión que supervise los procedimientos de arbitraje con especial atención a los afectados más vulnerables, con menos recursos económicos, y dando liquidez inmediata a los mismos, pidiendo a los bancos un dinero adicional para que el Fondo de Garantías de Depósitos pueda hacer líquidas las participaciones preferentes convertidas en acciones.