Spanish English

Noticias

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid renuevan el convenio para la atención social y reinserción de menores conflictivos

• Desde la puesta en marcha de este servicio en la ciudad, a través del Centro de Atención a la Infancia y la Familia, el número de menores sometidos a libertad vigilada ha disminuido en un 45%

• El programa se desarrolla en el Centro de Atención a la Infancia y la Familia de la Concejalía de Bienestar y está coordinado por un educador social del propio Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

• El objetivo de este programa es facilitar el proceso de socialización e integración a través de una intervención socio-educativa controlada y coordinada con los recursos propios de los menores. Además, se busca confortar al menor con su propia actitud y conducta, así como enseñarles a responsabilizarse de sus consecuencias y preverlas

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha renovado el convenio de colaboración con la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad de Madrid, en virtud del cual se crea un programa especializado para la atención de aquellos menores residentes en la ciudad sujetos al cumplimiento de medidas judiciales en régimen medio abierto, especialmente aquellos que cumplen una medida judicial de libertad vigilada en el ámbito de la justicia juvenil. 

Torrejón de Ardoz, 27 de febrero de 2020. El programa se desarrolla en el Centro de Atención a la Infancia y la Familia de la Concejalía de Bienestar, ubicado en la calle Mármol número 15 y está coordinado por un educador social del propio Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Desde su implantación en 2008, han participado en él más de 300 jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, de los que más del 90% son varones.

El objetivo de este programa es facilitar el proceso de socialización e integración a través de una intervención socio-educativa controlada y coordinada con los recursos propios de los menores. Además, se busca confortar al menor con su propia actitud y conducta, así como enseñarles a responsabilizarse de sus consecuencias y preverlas.

Asimismo, se busca mejorar la integración del menor en la comunidad e impulsar y potenciar su desarrollo cognitivo-social para poder afrontar con garantías los conflictos y los problemas que se le presenten. Todo para conseguir que estos jóvenes adquieran las capacidades, actitudes y habilidades necesarias para su correcto desarrollo personal y social.

Paralelamente a la intervención con el menor, en el programa se presta especial atención al entorno familiar, a través del Programa de Ejecución de Medidas. Con ello se busca apoyar a la familia en el desarrollo educativo del menor con el objetivo de evitar la reincidencia.

Desde la puesta en marcha de este servicio en la ciudad, a través del Centro de Atención a la Infancia y la Familia, el número de menores sometidos a libertad vigilada ha disminuido en un 45%.

El funcionamiento del programa establece que si un menor del municipio comete un delito es juzgado por las autoridades competentes y si se le impone la sanción de libertad vigilada, pasa al ARRMI (Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor). A partir de ahí su caso es seguido por el técnico de Bienestar, quien primeramente accede a la información del menor. Luego se le cita en el CAIF con sus representantes legales. Habitualmente, el técnico tiene cada semana una reunión de trabajo con el menor y una vez al mes con su familia, facilitando el proceso de socialización e integración del menor a través de una intervención socioeducativa controlada y coordinada con los recursos propios de su entorno. Trimestralmente se le manda un informe al Juzgado, valorando su comportamiento. Por último, se le remite el informe final al Juzgado y si se estima oportuno el caso se deriva a Servicios Sociales. Con esta actuación se intenta reconducir al menor a través de la intervención de un profesional.

El alcalde del municipio, Ignacio Vázquez, recordó que “fuimos una de las ciudades pioneras en este modelo de intervención municipal, gracias al cual, durante estos años de desarrollo, se ha reducido el número de menores derivados con medidas judiciales en un 45%, lo que sin duda representa una buena noticia para la ciudad y confirma que una intervención más cercana al menor y su familia, logra que éste se integre y normalice más eficazmente al poder utilizar y participar de los recursos existentes en la propia localidad”. 

En este sentido, el concejal de Educación, Bienestar e Inmigración Rubén Martínez, añadió, “los motivos a los que obedece esta reducción del porcentaje de menores sometidos a medida judicial radican principalmente en la efectividad y aplicación de los recursos comunitarios, con la implicación de cada vez más recursos y agentes sociales”.