Ahora, el Juzgado ha desestimado el recurso contencioso administrativo presentado por la empresa, y dado la razón al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concretamente la sentencia dice textualmente: “para terminar cabe concluir en el sentido de que la Junta de Compensación incumplió sus obligaciones que han quedado cuantificadas en un 20% de la obra de urbanización que habrá de incrementarse con la demolición y traslado de tres empresas que existen dentro del ámbito, siendo imputables a la Junta de Compensación, justificándose con ello el cambio de sistema de actuación por el de ejecución forzosa”.

Así, al asumir la Alcaldía en 2007 el nuevo Gobierno local del Partido Popular, exigió reiteradamente a la Junta de Compensación integrada mayoritariamente por Gesgisa (empresa perteneciente al grupo BRUESA) que ejecutara la totalidad del convenio y ante la inactividad de ésta, el Gobierno local decidió aplicar el cambio de sistema que permitiera la realización de los traslados previstos y el correcto desarrollo urbano de la zona.

El dictamen añade que “de la documentación obrante en expediente administrativo incoado por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz se constata que se han seguido los trámites procedimentales exigidos por la normativa urbanística al advertirse el incumplimiento de los plazos de ejecución por la Junta de Compensación “Los Girasoles”, estando debidamente acreditadas el cumplimiento del trámite de audiencia, así como la notificación a todos los comuneros y su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid…”

Una sentencia que afirma con rotundidad que “no apreciándose defecto alguno formal con capacidad invalidante, también defender la legalidad de la clase de procedimiento seguido y, por consiguiente, de la competencia del órgano decisorio”.

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán destacó que “la sentencia pone de manifiesto que el Ayuntamiento ha obrado no sólo dentro de la legalidad sino de la responsabilidad, al impulsar un cambio de sistema y acabar con la inactividad de esta empresa que no desarrollaba el convenio con los evidentes perjuicios para las compañías afectadas y el conjunto de la ciudad”.

Por su parte, el vicealcalde y concejal de Urbanismo, José Luis Navarro, recordó que “con el cambio de sistema se pretendió relanzar el desarrollo urbanístico residencial programado y culminar el traslado de las empresas al nuevo suelo industrial, manteniendo su actividad en la ciudad”.

Se trata de una resolución poco habitual, ya que tan sólo en casos en donde presuntamente se ejerce una grave dejación de funciones, se admite este cambio de sistema para salvaguardar los derechos de los afectados.