Pedro Rollán es vocal de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), siendo el primer alcalde de Torrejón en tener tan alta responsabilidad al ser elegido para el máximo organismo de la administración local de España. Es el único regidor del Partido Popular de la Comunidad de Madrid en este organismo. También forma parte, dentro de la FEMP, de la Comisión Nacional de Administración Local, que es el órgano permanente para la colaboración entre la Administración Local y la Administración General del Estado, concretamente con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En el acto celebrado en la Carrera de San Jerónimo, alcaldes de grandes municipios españoles y otras personalidades expresaron su apoyo al Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, porque en palabras del regidor torrejonero “se cumple la reivindicación histórica de los municipios de que cada competencia dependa de una administración y se acabe con las duplicidades”. Pedro Rollán recordó que “hay municipios que destinan hasta un 25% de su presupuesto a competencias impropias”.

El alcalde de Torrejón mostró también su satisfacción “por el orgullo que supone que tras años en los que nuestra ciudad ha estado arrinconada en la cola de los municipios de Madrid, por fin participamos en las instituciones dónde se toman las decisiones de gran trascendencia para el futuro de España”.

La reforma aprobada viene a dar respuesta a reivindicaciones históricas del municipalismo y establecerá los parámetros que deben guiar la gestión de los Gobiernos Locales en el siglo XXI. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con las medidas que introduce, va a dotar a las Entidades Locales de autonomía suficiente para ordenar y gestionar una parte de los asuntos públicos, tal y como declara la Carta Europea de Autonomía Local.

Esta Ley, con la ordenación y clarificación competencial que acomete, va a eliminar la superposición de competencias entre administraciones. La normativa viene, por tanto, a dar respuesta a una reivindicación largamente demandada por los Gobiernos Locales que es acabar con uno de los más graves problemas que han tenido desde el comienzo de la democracia: tener que destinar una parte de sus presupuestos a atender competencias que corresponden a otras Administraciones, particularmente, autonómicas.