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El alcalde de Torrejón rechaza nuevamente la propuesta del Gobierno de la Nación que pretende obligar a los vecinos a soportar el ruido de los aviones

  Notas de Prensa | ALCALDÍA-PRESIDENCIA
09/02/2010 - El alcalde de Torrejón rechaza nuevamente la propuesta del Gobierno de la Nación que pretende obligar a los vecinos a soportar el ruido de los aviones


 Los 15 municipios han acordado la creación de una comisión de trabajo que estará integrada por Torrejón de Ardoz, San Sebastián de los Reyes, Algete y Tres Cantos. El objetivo es transmitir al Ministerio de Fomento las inquietudes, quejas y preocupaciones de las ciudades perjudicadas ● Las ciudades y pueblos afectados exigen al Gobierno de la Nación que no sólo escuche sino que les tenga en cuenta a la hora de redactar la nueva legislación

 

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, y regidores y representantes municipales de otros 14 municipios de la Comunidad de Madrid ratificaron, en una reunión celebrada ayer en San Sebastián de los Reyes, su más rotundo rechazo a la modificación de la Ley de Navegación Aérea que el Gobierno de la Nación ha presentado ante el Congreso de los Diputados. Los alcaldes reunidos acordaron la creación de una comisión de trabajo que estará integrada por Torrejón de Ardoz, San Sebastián de los Reyes, Algete y Tres Cantos y exigir al Ministerio de Fomento que no sólo escuche sino que tenga en cuenta a los municipios afectados a la hora de redactar la nueva legislación. Esta Comisión  hará llegar a  AENA las quejas y problemas que afectan a los vecinos de las ciudades perjudicadas por la contaminación acústica de Barajas.

 

Pedro Rollán explicó que la Ley Ómnibus pretende vulnerar los derechos fundamentales de los vecinos. “Un total de 15 municipios afectados por el ruido de Barajas hemos acordado nuestro rechazo frontal a la modificación de esta ley, una acción que se pretendió llevar a cabo, de tapadillo, en el Senado y sin escucharnos con el objetivo de legislar para tapar una sentencia, la que ha ganado el municipio de Algete”, indicó el alcalde. Según la propuesta del Gobierno de España será “obligatorio soportar los niveles sonoros, sobrevuelos, frecuencias e impactos ambientales generados por la navegación aérea” lo que supone un enorme perjuicio para los derechos de todos los vecinos y especialmente los de Torrejón que además de soportar estos vuelos civiles también sufren desde hace años los riesgos y la contaminación acústica que generan los aviones militares de la Base Aérea.
 

El regidor recordó que “ya el pasado mes de diciembre el PSOE intentó aprobar esta modificación de la ley anteponiendo los intereses económicos de las compañías aéreas a los de los vecinos. Ante el rechazo que generó, semanas después, el Gobierno de España volvió a la carga al aprobar el Consejo de Ministros el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de Navegación Aérea”.

En este sentido, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ya aprobó el pasado enero la propuesta del alcalde exigiendo al Gobierno de la Nación que retire el proyecto de ley que obliga a los vecinos a soportar el ruido de los aviones de Barajas “por razones económicas”.

El alcalde indicó que “desgraciadamente, en un tema en el que todos los representantes de los vecinos de Torrejón deberíamos luchar por los derechos de los vecinos a los que representamos, una vez más, el PSOE local se ha alineado con los intereses de las grandes compañías aéreas en vez de defender los de los ciudadanos de Torrejón. Es muy triste ver como el PSOE de Torrejón ha pasado de organizar numeritos como cuando acampaban a  las puertas de la Base Aérea de Torrejón para exigir que no hicieran ruidos sus aviones, a ahora a acatar que el Gobierno de España no haga nada para evitar que los aviones, tanto del aeropuerto de Barajas como de la Base Aérea, molesten a los torrejoneros”.

La moción aprobada por el Pleno municipal del Ayuntamiento de Torrejón instaba a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados a devolver este proyecto de ley al Gobierno para que “lleve a cabo un estudio exhaustivo y coherente del marco normativo actual y la causa real de los conflictos que esta reforma pretende abordar y haga una nueva propuesta de reforma legislativa en el que representantes de los municipios y ciudadanos afectados podamos ser oídos, pues el progreso que atenta contra la salud y el bienestar de las personas ni es progreso ni puede legitimar la acción legislativa de esa cámara”.