El Gobierno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz siempre ha expresado su máximo respeto con las decisiones de la Justicia. Por eso hasta el momento en el que no ha existido sentencia no ha pedido responsabilidades a los acusados.

Pero ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de fecha 13 de enero de 2011 que condena a 10 concejales del PSOE y les declara culpables por ser responsables de un delito de prevaricación y para mantener el buen nombre de la ciudad de Torrejón de Ardoz y de su Ayuntamiento, el Gobierno local exige la inmediata dimisión de los 6 concejales socialistas actuales del Consistorio: Trinidad Rollán, Francisco Martín Rojas, Valentín Gómez, Juana Fernández, Francisco Montero y Félix Ortega.

La sentencia confirma que la actuación llevada a cabo por la ex alcaldesa Trinidad Rollán y otros 9 concejales del PSOE de Torrejón de Ardoz, entre ellos la actual diputada en la Asamblea de Madrid, Esperanza Rozas, supuso un perjuicio económico para los vecinos de Torrejón de Ardoz. Así lo refleja la sentencia:

“Los ciudadanos de la localidad de Torrejón de Ardoz  perdieron la propiedad de un bien inmueble que con anterioridad formaba parte del haber municipal, de un modo ilegal, y ello merced a una decisión tomada por parte de quienes debían al pueblo la atribución de sus potestades de Gobierno y que, como tales, tenían el deber de velar por sus intereses. No se trata, pues, de una decisión de contenido abstracto, sin trascendencia práctica y sin relevancia material de clase alguna. La protección que el legislador había establecido para tutelar los intereses comunes de los vecinos de la localidad de que tratamos, fue ilícitamente soslayada por los acusados que, con su torpe proceder, permitieron que se menoscabare por un procedimiento contrario al previsto en la legislación, y, por tanto, ilegal, el patrimonio a la colectividad a la que debían servir”.

Además la sentencia indica que “aplicar a este peculiar trato o negocio la denominación de contrato o convenio de permuta supone, pues, no sólo un dislate, un desatino o una aberración desde la más laxa o tosca de las valoraciones jurídicas posibles, sino que, incluso, resulta algo hasta risible, ridículo o grotesco para cualquier persona lega en derecho por escaso que sea su sentido común y siempre que medite brevemente sobre el contenido de tal operación. Aparece de este modo con toda nitidez la realidad de una maniobra tan ilícita como burda y rudimentaria, poniéndose de manifiesto que tal tramoya no tenía otro fin que el de burlar la norma jurídica que los encausados se habían obligado a respetar cuando accedieron al cargo del que abusaron”.

Por otra parte, también recoge la sentencia que “se trató, en fin, de una forma de proceder que esta sala debe considerar como una farsa pseudo-jurídica inconsistente, burda, clamorosa y, en suma, esperpéntica… Se trataba, en efecto, de una anomalía de tal entidad… y de consumar una grave irregularidad”.

El Gobierno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz siempre ha expresado su máximo respeto con las decisiones de la Justicia. Por eso hasta el momento en el que no ha existido sentencia no ha pedido responsabilidades a los acusados.

Pero ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de fecha 13 de enero de 2011 que condena a 10 concejales del PSOE y les declara culpables por ser responsables de un delito de prevaricación y para mantener el buen nombre de la ciudad de Torrejón de Ardoz y de su Ayuntamiento, el Gobierno local exige la inmediata dimisión de los 6 concejales socialistas actuales del Consistorio: Trinidad Rollán, Francisco Martín Rojas, Valentín Gómez, Juana Fernández, Francisco Montero y Félix Ortega.

La sentencia confirma que la actuación llevada a cabo por la ex alcaldesa Trinidad Rollán y otros 9 concejales del PSOE de Torrejón de Ardoz, entre ellos la actual diputada en la Asamblea de Madrid, Esperanza Rozas, supuso un perjuicio económico para los vecinos de Torrejón de Ardoz. Así lo refleja la sentencia:

“Los ciudadanos de la localidad de Torrejón de Ardoz  perdieron la propiedad de un bien inmueble que con anterioridad formaba parte del haber municipal, de un modo ilegal, y ello merced a una decisión tomada por parte de quienes debían al pueblo la atribución de sus potestades de Gobierno y que, como tales, tenían el deber de velar por sus intereses. No se trata, pues, de una decisión de contenido abstracto, sin trascendencia práctica y sin relevancia material de clase alguna. La protección que el legislador había establecido para tutelar los intereses comunes de los vecinos de la localidad de que tratamos, fue ilícitamente soslayada por los acusad